Sinde: «No vamos a alargar los plazos de la Ley de Economía Sostenible»

Asume que no habrá Ley antes de otoño mientras Ferraz y la subcomisión de Cultura abogan por reformar la LPI y repensar el canon digital tras el aviso del TUE. La industria audiovisual marca distancias: no habrá macroweb sin regulación, se pensarán dos veces las denuncias ante la Audiencia, los especialistas advierten que les pueden salir caras.-

31-05-2010 – Empieza a sospechar que tiene razón la SGAE con eso de que “es más fácil ponerle puertas al campo que regular internet”. La ministra de Cultura reconoce, por primera vez, que la Ley de Economía Sostenible no llegará a Pleno del Congreso antes de octubre, a lo peor nada hasta 2011. González-Sinde tenía su guión y sus calendarios: el original pasaba por una Comisión de Propiedad Intelectual bajo su Ministerio con ‘licencia’ para perseguir directamente a las páginas de sospechosas de encajar en su perfil ‘pirata’. Ya se encargaron Bruselas y el ministro Caamaño de modificar el primer rumbo y de hacerlo pasar por la Audiencia Nacional. Con la pátina de la tutela judicial prometían la persecución ‘ejemplarizante’ de unas 200 webs. Esperaban apaciguar a Washington para la revisión de la Lista 301 y hacer del modelo ‘made in Spain’ un plan exportable al resto de los Veintisiete durante la presidencia española. Ahora, ni lo uno ni lo otro. Ni en Industria ni en Ferraz quieren sostener el mismo texto, ya cuestionado por el CES y varias organizaciones de la judicatura. Moncloa y el grupo socialista sopesan aprovechar el tiempo para la cirugía de la Ley de Propiedad Intelectual y un nuevo modelo de canon digital. Sinde sólo espera. Cuando la Ley vea la luz lo hará ante los recelos de la industria de contenidos -que no adelantará su web y ha enfriado el ‘idilio’ con la ministra-, ante los informes de Fedea -que advierten de que será ineficaz y hasta contraproducente para la industria- y las evidencias de un mercado en el que los usuarios del P2P son también los que más contenidos audiovisuales consumen.

A Ángeles González-Sinde no sólo la asusta la evidencia de que el Congreso de los Diputados haya prorrogado por cuarta vez -ahora, hasta el 1 de junio- el plazo para presentar enmiendas a la ‘Ley Sinde’. El texto del proyecto de ley todavía no ha llegado a Comisión. Hasta en el Grupo Socialista se da por hecho que no saldrá del Congreso hasta finales de junio o incluso julio: una vez que se cierre el plazo para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas, deberá debatirse en Pleno y después negociarse en Comisión. En Moncloa barajan ya la posibilidad de que el Senado no proceda a su tramitación hasta que arranque el nuevo periodo de sesiones en septiembre, por lo que el proceso puede demorarse hasta finales de 2010, muy lejos de las promesas iniciales de Rodríguez Zapatero. El tiempo corre en contra de los planes y los calendarios de la ministra. Si el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, le advertía que “una regulación preventiva de Internet llevaría al fracaso” y no se puede “poner puertas al campo, al contrario, hay que diseñar la tabla de surf adecuada para navegar”, el director general de Red.es, dependiente del Ministerio, Sebastián Muriel, exige “el equilibrio adecuado” en derechos de autor y apunta a un doble modelo de negocio que alterne el copyright con las licencias ‘Creative Commons’. De hecho, a pesar de que fue la propia ministra Sinde la que sugería a los editores de libros electrónicos darle ya la espalda al ‘creative commons’, España es el primer mercado del mundo en este modelo de copyleft.

En el Grupo Socialista aún buscan la cuadratura del círculo pero se da ya casi por hecho que durante el trámite parlamentario el Gobierno se verá obligado a introducir algunas modificaciones respecto al texto de la ‘Ley Sinde’ aprobado en el Consejo de Ministros del 19 de marzo. No por el silencio que mantienen aún CiU, IU o Coalición Canaria, la oposición inicial de PNV, ERC y UPyD a la “ley antidescargas”, o la ‘suavidad’ a la que se ha trasladado el PP. Sino porque, por más que puedan obviar a las asociaciones de internet, los recelos de las empresas del sector, o los avisos de las patronales tecnológicas, ni en Presidencia ni en Ferraz quieren driblar sin más los ‘avisos’ de algunos órganos consultivos como el Consejo Economico y Social -que pide una reforma integral de la LES y de la Ley de Propiedad Intelectual- y la Comisión Nacional de la Competencia. Aunque quisieron exponer su modelo mixto -denuncia de la Comisión de Propiedad Intelectual y cortes cautelares autorizados por la Audiencia Nacional- a las bendiciones de la comunidad jurídica, el informe del Consejo Fiscal llovió sobre mojado en las luces rojas que las cúpulas y las principales asociaciones de la magistratura y la abogacía han encendido ante Sinde y Caamaño.

RETRASOS Y REFORMAS

Lo recordaba esta semana en sede parlamentaria en el Día Mundial de la Red nada menos que la secretaria de Innovación y Nuevas Tecnologías del PSOE, María González: “la Ley Sinde es todavía un debate abierto y el Gobierno ha mostrado en este asunto su disposición a los cambios”. De la Comisión de Propiedad Intelectual -de la que habían empezado ya a barajar apellidos en Industria y Cultura- no quieren ni hablar: la ley deja pendiente de desarrollar el reglamento que especificará el procedimiento. Y en la mesa de Caamaño aún barajan el perfil de una Comisión al que el propio ministro no dudaba, en su presentación en sociedad, en calificar como ‘policía’ de internet. Sinde no sabe, no contesta, no tiene ni una pista de quién formará la llamada Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura encargada de supervisar las páginas web susceptibles de bloqueo, que existe desde 1987 pero ahora se redimensiona, desdoblándose en dos secciones. La Coalición de Creadores ha pedido que la Comisión que decidirá sobre el cierre de páginas webs no tenga representantes de las entidades de gestión a las que representa, pero si “expertos independientes”.

La Ley de Propiedad Intelectual puede tener los días contados. Por primera vez la titular de Cultura lo reconoce formalmente. Cosas de la ‘edad’, para Sinde, que lo achaca a dos décadas de antigüedad de su regulación original y nueve años de vida de la directiva comunitaria que la regula. Pero por más que prevenga que su reforma no se acometerá “mañana por la mañana”, ni son sus años el origen de la reforma, ni podrá seguir en el limbo parlamentario del que Ángeles González-Sinde no quiere retirarla. Ya desde antes de que la LES pasara el visto bueno del Consejo de Ministros, la subcomisión de Propiedad Intelectual -con los votos socialistas al frente- la incluyó entre sus exigencias urgentes. Mientras Sinde se negaba a reformar la LES y la LPI -de espaldas a los avisos del CSE y la CNC- la Subcomisión del Congreso le viene advirtiendo de que dará en los muros de la legalidad de la UE si no reforma el canon digital y las sociedades de gestión de derechos y bautiza una nueva Ley de Propiedad Intelectual. España no quiere ser la vanguardia del pirateo, pero tampoco de la represión.

Esa fue la conclusión del de la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso, con el que llama a corregir la imposición al usuario del canon digital y recuerda que la facultad de los ciudadanos de realizar copias privadas no puede suponer el perjuicio de los creadores, ni la penalización por inercia del usuario, que hay que volver a legislar y que el gravamen digital es una forma de represión legal contra el ciudadano. Nada que no hubiera advertido el informe de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) “Sobre la gestión colectiva de los derechos de la propiedad intelectual” con su exigencia de revisar “tarifas inequitativas y discriminatorias”, y el monopolio de la gestión de los derechos de autor. En la Plaza del Rey, bajo la mesa, saben que no tienen ya más remedio que barajar las recomendaciones avaladas por PSOE, PP, CiU, PNV y ERC en el documento oficial de la Subcomisión.

Tras haber estudiado informes de un centenar entidades, no sólo insta al Gobierno a que “realice políticas activas para pacificar los conflictos, a fomentar el diálogo entre los diferentes sectores y a realizar los cambios necesarios para restablecer el consenso social en torno a los derechos de autor”. Le exige que en esta legislatura se presente una revisión sistemática y coherente de la actual Ley de Propiedad Intelectual, o la elaboración de una nueva Ley. Y mira a la regulación comunitaria para recordarles a Sinde y Caamaño que se ha olvidado de la Conservación Digital, las Obras Huérfanas y las Ediciones Agotadas, que sigue de espaldas a la valoración del daño que la copia privada produce en el sector cultural y, en el marco de la Directiva comunitaria que establece su compensación y, sobre todo, que Moncloa debe implementar los mecanismos de control y las medidas de transparencia que recomienda el Parlamento Europeo sobre la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual (publicación de tarifas y repertorios, claves de reparto y balances de ejercicio) y superar el alto grado de concentración de las entidades como la SGAE.

DESENCUENTROS EUROPEOS

Y es que, casi dos años después de la introducción del canon digital en España, la Justicia europea le ha puesto fecha y motivos de caducidad al modelo ibérico. Al menos, a la parte que pagan las empresas y las administraciones públicas. En muchos países del mundo existe un canon por copia privada (una tasa que se aplica a diversos medios de grabación a favor, supuestamente, de autores, artistas y productores), pero e modelo vigente en España, desde el 2008, es de lo más duros ya que se aplica a más productos que en otros países (reproductores MP3 o teléfonos móviles por ejemplo). El informe jurídico redactado por la abogada general del Tribunal de la Unión Europea, Verica Trstenjak, señala que el canon no se ajusta a la legislación comunitaria porque su aplicación es “indiscriminada” y sobrepasa la “compensación equitativa” a los autores, que la Unión Europea sí reconoce. Sinde se aferra al consuelo del tiempo muerto: las conclusiones de Trstenjak no son las definitivas del Tribunal de Luxemburgo, que todavía tiene que dictar sentencia, pero fuentes de la institución recordaban a Público que en un 80% de los casos los jueces acaban por confirmar los análisis de la abogacía general. Más aún: el informe jurídico de la abogacía general plantea que la aplicación del canon también podría ser incorrecta cuando grava a los consumidores: “sólo estará justificado” cuando los soportes se utilicen “presumiblemente” para realizar copias privadas de contenido protegido, algo que no tiene por qué ocurrir cuando el dueño de un soporte, como un CD, lo usa para compartir sus propios escritos o fotografías.
Las asociaciones de internautas y de los consumidores ya se han pronunciado respecto al dictamen y ofrecen nuevas soluciones, como una recaudación “exclusivamente” para productos originales de venta al público, fonogramas y videogramas. Y solicitan un procedimiento “sencillo, eficaz y rápido” para la resolución de reclamaciones de quienes no estén obligados por ley a pagar.

No sólo las empresas que venden soportes informáticos o las asociaciones de consumidores están en contra del canon. Administraciones públicas o universidades han elevado ya la voz contra el gravamen y una veintena de grandes ayuntamientos están dispuestos a rebelarse contra él. Los esfuerzos de Sinde por atribuir a “los fabricantes” la responsabilidad por “haber trasladado el problema a los consumidores, que son los que pagan el canon digital”, sólo ha dado en los muros de la batalla con la industria de dispositivos digitales y sus patronales y con la evidencia de su propia Ley del Canon Digital. Es el propio artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual el que desde 1996 (e incluso antes la norma anterior) establece la obligación del fabricante o importador y del resto de revendedores de repercutir el canon a lo largo de toda la cadena de distribución hasta llegar, finalmente, al consumidor. Los fabricantes actúan como “meros recaudadores de impuestos para la sociedad de autores”, advierte la patronal Aetic.

Además, el Supervisor de Protección de Datos de la UE, Peter Hustinx, le ha advertido de manera formal a la presidencia española y a Barroso que las leyes antipiratería, tal y como se están planteando en Francia o en España pueden violar al menos dos directivas europeas: la 95/46, sobre protección de datos personales y la 2002/58, sobre procesamiento y protección de datos en el sector de las telecomunicaciones. Y sugiere, en lugar de hacer responsables a las telecos y los proveedores de internet del contenido de sus redes (como sugiere el ACTA y estaba dispuesto a apadrinar Sebastián en la Carta de Granada), medidas “menos intrusivas”, como la monitorización ad hoc dirigida de cierto tráfico de Internet en lugar de la vigilancia global. Además, considera que el corte de la conexión de Internet es una medida que vulnera un derecho fundamental y que por tanto no puede ser llevada a cabo sin decisión judicial previa. Más aún, llueve sobre mojado en las líneas rojas que la judicatura española, el CSE, el CGPJ y el Consejo Fiscal le marcaban desde enero a la ministra Sinde: la regulación española no puede colocar la propiedad intelectual sobre otros derechos fundamentales como la privacidad o la libertad de expresión.

SIN FECHA PARA LOS ‘VIAJES A NINGUNA PARTE’

Cuando lleguen la Disposición Final Segunda de la Les y la reforma de la LPI -o las dos- , si lo hacen, será con todas las luces de alarma ya encendidas. Las de su necesidad, se las ha encendido desde antes de que la LES viera la luz, la judicatura. Se lo recordaba la Asociación Francisco de Vitoria: el de la LES puede ser el viaje a ninguna parte. Ya los tribunales de justicia ordinarios son hoy los responsables de decidir el cierre de una página web que se lucran con la piratería. Dejarlo en manos de la Audiencia Nacional, “supone un retroceso y un ataque contra los derechos y libertades de los titulares de páginas”. Más aún si, como pretende, pero ahora se persigue a las que, sin cobrar por ello, enlazan a las primeras, aún a riesgo de “violar lo que empezaba a ser una máxima de jurisprudencia”: no cerrar una web “cuando no había ánimo de lucro.

La mayor parte de los casos que cuestionaban la legalidad de las páginas P2P han sido archivados en las diligencias previas, con el argumento de que estas páginas no incurren en delito ya que no contienen las películas sino enlaces que llevan a otras webs para descargar el contenido. Hasta ahora los jueces de lo mercantil han concluido mayoritariamente que los enlaces no infringen la propiedad intelectual. Además, la Industria de contenidos comienza a tener sobre la mesa el precio de las facturas que puede tener para ellos su avanzadilla para regular los contenidos de internet. Los abogador especialistas en propiedad intelectual le recuerdan a Sinde la facilidad para neutralizar el cierre cautelar de una web: bastaría con acudir a la Audiencia Nacional para pedir la suspensión de la medida cautelar. Y ya hay colectivos de internautas que han advertido a Cultura de que, en cuanto entre en vigot la LES, no sólo se plantearán a Google, con la intención de desafiar a la administración, sino que tras la primera decisión de la Comisión de Propiedad Intelectual presentarán una denuncia por un delito de prevaricación contra sus miembros.

Las luces rojas de la eficacia técnica de la ‘Ley Sinde’ se las encienden los técnicos: la legislación propuesta por el Gobierno no va a ser casi aplicable. La rapidez de los avances tecnológicos permitirá a las web irse a otros países o saltarse los bloqueos. Nuevos atajos de las webs de descargas descentralizadas, el éxito del streaming -que ha reemplazado al P2P y se ha hecho con dos tercios del consumo audiovisual de la red- , las empresas de VPN- que usa un 10% de los internautas-, las técnicas de identidad oculta, la movilidad de las webs y el retorno a los mismos niveles de las descargas en el mercado sueco les recuerdan que no será tan fácil la ‘caza de brujas’. Y que, a lo peor, queda reducida a poco más que una carrera de sombras.

Finalmente, las alarmas por la eficacia financiera se las dispara de nuevo el estudio económico de la Federación de Estudios de Economía Aplicada. Fedea advierte que las medidas ‘antipiratería’ de la Ley Sinde no sólo son “ineficaces para defender a los artistas” y le hacen “sólo el trabajo sucio a las discográficas”, y a 600 artistas que cobran de la SGAE, sino que se volverán contra sus creadores y acabarán por “frenar el desarrollo de internet” y entorpecer “la transformación del modelo productivo de la industria discográfica”. Según su informe, los ingresos producidos por la música son prácticamente los mismos en 2005 que en 2008 (en torno a los 450 millones). Lo que ha cambiado es la composición interna del negocio, no los beneficios. Para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) la industria musical no se destruye, sólo se transforma con la red de redes. Entre 2004 y 2008 el número de compositores y obras musicales se ha multiplicado por dos. Es cierto que las ventas de CDs han descendido notablemente, pero la comercialización mediante descargas en Internet y los ingresos por conciertos se han casi triplicado. La venta de música en el mercado digital se ha multiplicado por cinco en cuatro años al pasar de 5 millones a 36 millones de euros. Además, los ingresos por descargas han pasado en ese plazo de 1 a 11 millón, y los contenidos digitales por móviles se han disparado de 5 a 18,5 millones en cinco años.

Las ventas de música digital a nivel mundial ya suponen un 25% del total de los ingresos de la industria. Y su crecimiento repercute directamente en las ventas físicas, saneando la industria de las regiones donde impulsan y ofertan este tipo de servicios. En lo que respecta a Europa, la regla de más ventas digitales, menos pérdidas en ventas físicas y globales, se mantiene. Europa ha visto crecer su sector de música digital en un 29,7% respecto a 2008. El decrecimiento en ventas físicas ha sido del 8,9% y la industria a visto menguar su facturación desde 2008 en un 4,1%.”Si el precio de la oferta online es suficientemente razonable, desaparecerán los incentivos para las descargas”, apunta Boldrin, con el modelo a la vista de iTunes, como un ejemplo exitoso, donde cliente y empresa ganan. En su lista de recomendaciones para Sinde, crear un marco legal que permita desarrollar un mercado competitivo de distribución digital de la música, y limitar el copyright a dos o tres años. Además, los autores insisten en que “dedicarse a perseguir webs de música en un país en el que el 65% de los usuarios accede a Internet por temas relacionados con el ocio, probablemente no sea la mejor manera de fomentar el uso de esta herramienta esencial en el nuevo modelo”.

LOS ARGUMENTOS ‘PIRATAS’ DE SINDE

No cree en los informes británicos que le recuerdan que el 44% de aquellos que utilizan “métodos piratas” estarían dispuestos a pagar una pequeña tasa mensual para seguir descargando archivos;la encuesta de CoreData, que concluye que si los precios fuesen inferiores, la mayoría de los usuarios accederían a pagar, o el estudio de Nico van Eijk: los usuarios que más usan P2P son los mejores clientes del sector de la música, películas y videojuegos. El 68% de los usuarios que descarga música también la compra, acude a conciertos y adquiere productos de merchandising. Pero González-Sinde rebaja el tono y defiende ahora que “el consumo ilegal de material audiovisual en España se debe a la falta de películas disponibles en el mercado”. Sólo que lo ha hecho, además, por primera vez y como argumento de respuesta ante la nueva denuncia de la industria audiovisual norteamericana, la patronal del cine y la agencia de comercio del Gobierno Federal. Un informe de este mismo mes del Congreso de EE UU deja de nuevo a España como “país pirata” en la misma lista negra de sospechas que Canadá, México, China o Rusia y le atribuye la descarga de más de 1,2 millones de copias ilegales sólo en diciembre de 2009.

En palabras de la ministra, “los usuarios en España tienen una voracidad de poder consumir y en algunos casos no encuentran los productos que quieren y eso les lleva a acceder a otras fuentes no remuneradas para el visionado de películas”. Lo hace apenas dos semanas después de que la Ministra de Cultura denunciara durante una comparecencia en el Congreso para informar de la LES y la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que “un puñado de webs están poniendo en riesgo un negocio que aporta el 4% a la riqueza del país”. Si su viaje oficial a EE UU esta semana buscaba distender el enfrentamiento con el lobby cultural americano, superar la permanencia de España en el grupo de países ‘piratas’ bajo vigilancia en la Lista 301 y pasar la página a los recelos que el vicepresidente Joe Biden dejó durante su viaje a España, la ministra ha conseguido todo lo contrario. España es “uno de los peores infractores de derechos de propiedad intelectual”, replicaba al día siguiente de su encuentro el presidente de la Asociación Cinematográfica de EE UU. Ha reavivado las heridas de gigantes como Sony Entertainment, que se han llegado a plantear la viabilidad del mercado de los DVDs en España. Tanto como que Sinde tenga que incluir de nuevo en su discurso un guiño: “hay que evitar que las grandes distribuidoras no se arriesguen a invertir en España porque no es segura, como ocurre ahora con i-Tunes, que no permite la compra de películas desde el mercado español”.

Ana Zarzuela en Intelligence and Capital News Report

• Ángeles González-Sinde dijo que estos datos demostraban el daño que la piratería ocasiona a la industria cultural.
• La Asociación de Usuarios de Internet insisten en que el Gobierno tan sólo se limita a criminalizar a los usuarios.

El presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Miguel Pérez Subías, criticó este miércoles al Gobierno por “justificarse” con el informe sobre piratería presentado por la Coalición de Creadores para sacar adelante la conocida como ‘Ley Sinde’.

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, mostró el pasado martes su “preocupación” por los datos vertidos en el Observatorio y apuntó que los datos eran “la constatación del perjuicio económico que al desarrollo de la industria cultural causa la piratería”.

El estudio atribuye el calificativo de ‘Pirata’ a todo aquello de lo que el usuario desconoce la fuente

“No podemos admitir que el Gobierno se justifique en un informe interesado para llevar a cabo cambios legislativos que, lejos de ayudar a los creadores, les perjudica en beneficio de los intermediarios y en perjuicio de la ciudadanía tal y como sucedió en su momento con el denostado Canon Digital.” afirmo Pérez.

En este sentido, la AUI critica que la postura de la industria cultural sea la de “criminalizar continuamente” al ciudadano en lugar de apostar por “un profundo proceso de reconversión”. Asimismo, recuerda que el informe ha sido elaborado “nuevamente” sin contar con organizaciones ciudadanas y profesionales.

En esta misma línea, apunta a que el informe “presume” que un intercambio P2P realizado por un particular es un acto de piratería algo que contradice lo recogido, en el año 2006, en el informe elaborado por la Fiscalía General del Estado.

“El estudio atribuye el calificativo de ‘Pirata’ a todo aquello que el usuario desconoce la fuente de donde lo ha descargado y finalmente atribuye una correlación económica entre estas descargas legales y ventas sin tener en cuenta el cambio de modelo tecnológico que se esta produciendo”, concluyó

Artículos relacionados

El estudio ha sido presentado por el “Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales” dependiente de la “Coalición de Creadores” y elaborados por la consultora IDC

Nota en PDF

2 junio, 2010. “La industria de los contenidos esta sufriendo un profundo proceso de reconversión debido a los avances tecnológicos y a la irrupción de Internet. Su modelo de negocio no funciona en un mundo digital y las soluciones a su situación no pueden basarse en una continua criminalización del ciudadano que ya no quiere utilizar soportes y propuestas que no le aportan ningún valor” afirmo Pérez Subías, presidente de la AUI al conocer este estudio.El estudio ha sido realizado presumiendo que un intercambio P2P realizado por un particular es un acto de piratería algo que contradice lo recogido, en el año 2006, en el informe elaborado por la Fiscalía General del Estado. El estudio atribuye el calificativo de Pirata a todo aquello que el usuario desconoce la fuente de donde lo ha descargado y finalmente atribuye una correlación económica entre estas descargas legales y ventas sin tener en cuenta el cambio de modelo tecnológico que se esta produciendo.

A esto hay que sumar que el estudio ha sido encargado por aquellos que son parte interesada sin contar, como ya es habitual, en su elaboración con las organizaciones ciudadanas y profesionales.

“No podemos admitir que el Gobierno se justifique en un informe interesado para llevar a cabo cambios legislativos que lejos de ayudar a los creadores les perjudica en beneficio de los intermediarios y en perjuicio de la ciudadanía tal y como sucedió en su momento con el denostado Canon Digital.” afirmo Pérez Subías.

Informe de la Fiscalía

Cambios solicitados por las organizaciones sociales a la LES:
http://aui.es/IMG/pdf_TCC_nota_de_p…
http://todoscontraelcanon.es/pdf/TC…